Corredor Vial Integrado del Atlántico: la concesión vial más escandalosa

Los usuarios viales seremos rehenes por 30 años más de esta nueva concesión vial escandalosa.

El CONADUV reitera su rechazo a la actitud autoritaria y antidemocrática del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, señor Daniel Scioli y de la Ministra de Infraestructura Arq. Cristina Álvarez Rodríguez, que nunca escucharon a los usuarios viales, y que, con la complicidad de muchos intendentes y concejales bonaerenses, legisladores provinciales del Frente para la Victoria y de la Unión Cívica Radical, sumado a la indiferencia del resto de los legisladores, que dicen defender el interés general, posibilitan la relicitación por 30 años más de la concesión escandalosa de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia Nro. 11, bajo el nefasto régimen perverso de falso peaje y de impuesto al tránsito.

BASTA DE CABINAS DE COBRO DE PEAJE Y DE ADUANAS INTERIORES EN LA AUTOVÍA 2 Y RUTA INTERBALNEARIA 11.

Ante la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de relicitar por 30 años más la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia Nro. 11, bajo el régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito, el CONADUV expresa:

* Que rechaza y repudia el doble discurso del Señor Gobernador que ha manifestado públicamente ser “el culto al diálogo” y que en forma permanente plantea que hay que escuchar a la gente. Sin embargo en la realidad hace todo lo contario, y los pedidos de audiencia hechos al Gobernador Scioli en diciembre del año 2007 y a la Ministra de Infraestructura en febrero de 2008, fueron rechazados. Que otro ejemplo claro de este doble discurso, es que en Junio de 2008, el CONADUV fue recibido por funcionarios de la Sub-Gerencia de Concesiones de la Provincia de Buenos Aires, quienes prometieron Y NO CUMPLIERON, que antes de tomar cualquier tipo de decisión respecto a las concesiones de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia 11, como todo lo relacionado a la Red Vial del Atlántico, se convocaría a una audiencia pública de manera tal de poder escuchar los reclamos y alternativas que pudieran presentar los usuarios viales.

* Que los actuales contratos de concesión de los dos corredores viales, deben ser rescindidos en forma inmediata, por leoninos e ilegales.

* Que de ninguna manera deben ser indemnizados los concesionarios salientes, ya que ellos deberían devolver a los usuarios viales, el dinero que se les ha cobrado en forma indebida durante más de 20 años a través de tarifas abusivas e ilegales que violan lo expresamente establecido por la Ley 9.254, Cabe señalar y recordar que durante la gestión del ex Gobernador Felipe Solá, el ex Ministro de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Eduardo Sicaro, manifestó públicamente que no existían estudios técnicos que fundamentaran las tarifas de peaje en cuanto a la relación beneficio/costo del usuario, según marca la Ley de peaje provincial.

* Que lamenta la actitud autoritaria y antidemocrática, especialmente del señor Gobernador Daniel Scioli y de la Ministra de Infraestructura Arq. Rodríguez, que sin consultar ni escuchar a las distintas Entidades de Usuarios Viales, pretende continuar con una concesión vial bajo el mismo régimen perverso de falso peaje o impuesto al tránsito, que tantos perjuicios económicos ha ocasionado y sigue ocasionando a los usuarios viales y a la comunidad en su conjunto.

* Que se opone categóricamente a continuar con el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta, ya que existen métodos de financiamiento vial más adecuados como el peaje indirecto o en la sombra, el sistema CREMA (Construir, reparar y mantener), COT (Construir, operar y transferir), todos estos SIN CABINAS DE COBRO EN RUTA NI ADUANAS INTERIORES.

* Que las obras de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia Nro. 11 fueron “recontra” pagadas a través de subsidios millonarios que entregó la gestión del Ex Gobernador Dr. Eduardo Duhalde, y vía tarifas de peaje abusivas e ilegales que los usuarios viales estamos pagando desde hace más de 20 años.

* Que el sistema de financiamiento vial implementado en la década del 90 y actualmente vigente con cabinas de cobro en rutas abiertas nacionales y provinciales, es INCONSTITUCIONAL, ya que no existen caminos alternativos libres de pago; es ILEGAL, ya que las tarifas que se cobran no cumplen con lo expresamente establecido en la Leyes de peaje correspondientes; es ANTIECONÓMICO por la baja densidad de tránsito promedio lo que hace que gran parte de lo recaudado se destine a la instalación de las garitas, su mantenimiento y administración, sin llegar plata al camino para las obras necesarias; es INJUSTO Y DISCRIMINATORIO, ya que al tratarse de rutas abiertas, algunos pagan y otros no.

* Rechazar enérgicamente la conformación de un Organismo de Control de Concesiones Viales en la Provincia de Buenos Aires (OCCOVBA), claramente burocrático e insuficiente, similar al nefasto Organismo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a nivel nacional.

* Proponer en forma urgente la implementación de un verdadero Proyecto Vial Nacional que contemple toda la red caminera de nuestro País, a través de un sistema de peaje indirecto o en la sombra, LIBRE DE CABINAS DE COBRO EN RUTA Y DE ADUANAS INTERIORES, mediante la reasignación de parte de los $14.000 millones anuales que recauda el Estado Nacional en concepto de fondos viales y que con tanto esfuerzo aportan los usuarios viales cada vez que cargan combustibles. Como simple dato ilustrativo, se informa que con sólo aproximadamente $38.000.000 anuales se puede mantener la Autovía 2 y Ruta 11, libre de peajes y aduanas interiores.

* Rejerarquizar la actividad de la Dirección Nacional de Vialidad, reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de las rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo Rector de la Política Vial Nacional y Provincial, recuperando así las funciones propias cedidas a otros organismos.

* Que debe convocarse en forma urgente, a una Audiencia Pública, VINCULANTE, con la finalidad de que los usuarios viales puedan expresar sus reclamos y proponer alternativas ante un proyecto tan escandaloso como el que pretende poner en práctica el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

* Que injustamente los usuarios viales de las localidades servidas por los corredores en cuestión, serán quienes deban financiar con tarifas de peaje abusivas e ilegales que se cobrarán en la autovía 2 y ruta interbalnearia 11, las mejoras de otras rutas provinciales que se encuentran en mal estado.

* Que se crea una clara desigualdad y discriminación entre usuarios viales, ya que por ejemplo, todos los que viajan a los clubes de campo o countries instalados antes de la estación de peaje de Samborombón (km. 90), no pagan por el uso de la autovía 2.

* Que en la autopista Rosario-Córdoba, recientemente inaugurada, de unos 400 kms. , se paga $13 en concepto de peaje por transitar todo el recorrido, contra $15 que actualmente se cobra en Samborombón (en el futuro $30) en la “autovía” 2 por sólo transitar 60 kms.

* Repudiar la actitud de indiferencia de los legisladores de la Provincia de Buenos Aires, que en lugar de representar a la gente y defender el bien común, sólo se ocupan de sus propios intereses y de los partidos políticos a los que pertenecen.

El CONADUV desea señalar que el grupo Eurnekian, uno de los que forma parte de la nueva empresa concesionaria, es quien abandonó las obras de la Autovía Pilar-Pergamino (Ruta Nacional Nro. 8), obligando al Gobierno Nacional a la rescisión del respectivo contrato. Asimismo, es importante destacar que otro de los grupos económicos de esta concesión es el Grupo Roggio, quien no cumplió con sus obligaciones tanto en corredores viales nacionales como en la Autovía 2

El CONADUV exhorta al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a sus representantes a que revean la decisión de continuar con una política vial que incluya el sistema de peaje con cabinas de cobro en ruta.

El señor Gobernador debe tener una actitud democrática y de diálogo con quienes somos usuarios viales directos e indirectos, con el objeto de encontrar una solución adecuada y definitiva para llevar adelante un verdadero proyecto vial en la Provincia de Buenos Aires.

Recuperar las rutas por parte del Estado supone poner fin al ciclo más escandaloso dentro del proceso privatizador en Argentina y, a la vez, retomar el manejo de una herramienta estratégica en materia de precios relativos y mejoramiento de la competitividad de la economía.

Para lograr una importante reducción del número de accidentes de tránsito en las rutas nacionales y provinciales, no solo basta poner en práctica un programa serio de educación vial y efectivos controles en los caminos de nuestro país, sino también implementar un verdadero proyecto vial nacional que contemple toda la red caminera con las obras de infraestructura necesarias en todas las rutas del territorio argentino a través de los métodos adecuados de financiamiento.

CONADUV

COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA DEL USUARIO VIAL

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