Se fijó como prioridad en la gestión justo el área más sensible para Daniel Scioli: la seguridad. Pide informes y estadísticas, reclama cambios policiales y promueve iniciativas en sintonía con el gobierno nacional. Con mayor injerencia y pese a los tironeos internos, el vicegobernador Gabriel Mariotto avanza sobre el terreno en el cual el mandatario bonaerense tiene más diferencias con la Casa Rosada.
Apenas arranquen las sesiones legislativas, como presidente del Senado provincial Mariotto prevé dar luz verde a dos proyectos vinculados con la seguridad: la creación de la Policía Judicial, que acotará la influencia de la policía bonaerense, y el desdoblamiento de la Procuración General de la Suprema Corte, que licuará la posición de la actual jefa, María del Carmen Falbo, una ex duhaldista que supo reacomodarse en el poder y es resistida por un sector del kirchnerismo.
Mariotto planea, además, impulsar procesos de juicio político a magistrados y, simultáneamente, acelerar la cobertura de vacantes. La Secretaría de Enjuiciamiento, a cargo de la instrucción de los casos, está bajo su órbita en la Cámara alta. "El tema central es la policía, pero hay una pata cómplice que es la corporación judicial. Hay que depurarla", resumieron cerca del vicegobernador.Uno de los expedientes que serán tratados con más rapidez es simbólico: apunta al fiscal Federico Nieva Woodgate, que está al frente de la pesquisa del secuestro y asesinato de Candela Rodríguez, un caso que conmocionó a la sociedad y generó rispideces entre Scioli y el gobierno nacional por el manejo de la investigación. La denuncia, promovida por organismos de derechos humanos, está relacionada con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
Aunque con resistencia, ciertos planteos de Mariotto -con venia de Olivos- registran eco. Logró que la semana pasada echaran al jefe de la departamental de San Martín, Mario Briceño, salpicado por el crimen de dos jóvenes en José León Suárez. Y forzó la salida, aún no oficializada, de la secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho. Scioli, en tanto, se limita a administrar los tiempos y, como señal de respaldo, se muestra en actividades oficiales al lado de su ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
Por estos días, el vicegobernador Mariotto prepara un cronograma para armar foros de debate de las iniciativas parlamentarias en los municipios. Analiza "pasear", en combo, tres proyectos sobre políticas de seguridad redactados por el Poder Ejecutivo provincial.
Dos de ellos, que siguieron lineamientos de la Comisión Provincial de la Memoria y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cercanos a su postura, serían aprobados con facilidad en la Legislatura de la provincia. Se trata de la creación de la Policía Judicial -un cuerpo especializado que se dedicará a investigaciones complejas y limitará, así, la influencia de la bonaerense- y la división de la Procuración, que evitará la convivencia en una misma estructura de fiscales y defensores oficiales.
Menos suerte tendría la norma, también girada por Scioli, que propone instituir fuerzas de seguridad municipales que, a priori, no son del agrado del vicegobernador.
"¿Qué haría (Jesús) Cariglino con policía propia?", se preguntó un kirchnerista, en referencia irónica al conocido intendente de Malvinas Argentinas. Si bien Mariotto abrirá la discusión, posee la llave para bloquear la medida o establecer cambios sustanciales.
JUECES EN LA MIRA
Desde 2008, cuando se puso en marcha el nuevo mecanismo de jury, se sustanciaron en la Secretaría de Enjuiciamiento unos 200 expedientes. Mariotto ya dio instrucciones para reforzar la actividad.
Según datos oficiales, 90 causas están en trámite, el resto fue archivado y, hasta ahora, ningún juez fue removido. El cuerpo recibe denuncias, pero avanza en la pesquisa si lo determina el tribunal designado para tal caso. Ese jurado rotativo está integrado por once miembros: el presidente de la Suprema Corte, cinco abogados y cinco legisladores también letrados, todos elegidos por sorteo.
Al final del proceso, el tribunal resuelve la situación del magistrado. Con la nueva composición de la Legislatura -poblada de incondicionales y jóvenes de La Cámpora- Mariotto cree que logrará un compromiso irrestricto entre los senadores y diputados que ocupen esas sillas y, así, romperá con la lógica "acuerdista" que cree primó incluso durante la era Scioli.
Hoy, hay ocho magistrados suspendidos a la espera del veredicto. Uno de ellos es Antonio Saladino, juez de garantías de Olavarría, sospechado de dejar en libertad a presos a cambio de sobornos. Su destino quedó atado al crimen del abogado Marcos Alonso, que apareció baleado y con un billete de un dólar en la boca, en diciembre de 2010. Según la acusación, el letrado habría acordado una suma de dinero con Saladino para mejorar la situación procesal de un cliente.
En paralelo, se renueva el Consejo de la Magistratura, cuya atribución principal es participar en la selección de jueces. El viernes pasado vencieron los mandatos de los cuatro representantes del Poder Ejecutivo y restan completar otras cuatro plazas correspondientes a legisladores. Veloz, el vice bendijo a dos senadores "cristinistas": el platense Gustavo Oliva y Cristina Fioramonti, esposa del diputado Carlos Kunkel, un ultrakirchnerista que durante años fue espada en ese organismo clave pero a nivel nacional. Como suplente quedó Jorge Ruesga, hombre que reporta al vicepresidente Amado Boudou
ESTRATEGIA PARA PISAR FUERTE
El vicegobernador Gabriel Mariotto quiere ampliar su influencia en las decisiones sobre la seguridad, un tema sensible para Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Impulsará sus propios proyectos en la Legislatura.
- Quiere crear la Policía Judicial, un cuerpo especializado en investigaciones complejas, que limitará a la policía bonaerense
- Propiciará el desdoblamiento de la Procuración General de la Suprema Corte, para dividir la acción de los fiscales y el trabajo de los defensores oficiales
- Prevé acelerar los trámites en el proceso de enjuiciamiento de los magistrados. Hoy, sobre 200 expedientes, 110 fueron archivados y ningún juez fue removido
- Mariotto apoya el reclamo de organizaciones de derechos humanos para relevar a la secretaria del área en la provincia, Sara Derotier de Cobacho.
Mantiene, además, su ofensiva contra el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal.
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