La pequeña localidad de General Daniel Cerri, al sur de la provincia de Buenos Aires, puede cambiar para siempre. Es que allí, a sólo 20 cuadras de su casco urbano, la petrolera YPF en sociedad con la empresa nacional de energía Enarsa, pretenden instalar una planta regasificadora que amenaza con destruir el ecosistema local por el “impacto de altísima magnitud sobre las comunidades acuáticas y costeras”, y afectar a un humedal de gran importancia ecológica cuya “destrucción traerá perjuicios irreversibles”, según un estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur.
Por eso los vecinos de Cerri están alarmados y movilizados. El jueves 2 de febrero lograron reunir cerca de 2000 personas en el centro de Bahía Blanca y denunciaron que “se pretende disfrazar de progreso a un proyecto para el cual la biodiversidad no es más que una ofrenda a sacrificar en el altar de la ganancia empresaria”.
Una de las ONG que se hizo presente fue la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente de General Cerri (AVDA) cuyo titular, Raúl Martín, en diálogo con Tiempo Argentino, señaló que “se volcarán más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento contaminado con desechos cloacales e hidrocarburos cancerígenos que acabarán con humedales indispensables para la supervivencia de especies protegidas por convenios internacionales, leyes nacionales y ordenanzas municipales.”
El proyecto, que en su totalidad requiere una inversión aproximada de 400 millones de dólares, pretende inyectar gas a la red doméstica e industrial a través de dos gigantescos barcos, el metanero y el regasificador. La operación consiste en “pasar” el líquido del barco metanero al que tiene a bordo el equipamiento para la regasificación, el cual quedará estacionado en forma permanente en el muelle. El liquido “GNL” pasa del barco que lo trajo –metanero– al barco regasificador, allí es “calentado” en un proceso muy cuidado, y, ya convertido en gas, desde ese barco, es inyectado al gasoducto. El zoólogo e investigador de la Universidad de La Plata, Pablo Petra-cci, denunció a este diario que “los sedimentos equivalen a 1800 edificios de 12 pisos, de material duro y se van a tirar sobre los humedales, cangrejales, marismas, para construir dos islas donde se está planificando la ubicación de la planta regasificadora y el polo industrial. Se perdería todo el valor ecosistémico y de protección de la costa. Es un cambio muy peligroso, priorizan el negocio inmobiliario por la salud de las personas.”
Con este diagnóstico también coincidió David Iud, ingeniero químico y abogado de AVDA, una ONG que ya juntó 14 mil firmas y, en diciembre del año pasado, presentó un recurso de amparo ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) para que se suspenda la Declaración de Impacto Ambiental en curso y se revoque la que el mismo organismo había concedido al Consorcio del Puerto de Bahía Blanca en el año 2009 para dragar el acceso a Puerto Galván.
Según Iud, la OPDS violó la ley al no realizar ni audiencia pública ni estudio de impacto ambiental. Lo mismo sucedió el año pasado, sólo que ahora la audiencia pública se realizó pero plagada de irregularidades. Fue el 6 de noviembre de 2011 cuando 15 vecinos la impugnaron por considerarla ilegal. Lo menos grave fue que en dos semanas los vecinos tuvieron que leer 1500 páginas del informe presentado por la empresa. Lo más grave lo expresó Iud en diálogo con Tiempo: “Se convocó en forma confusa ya que la municipalidad decía que la declaración de Impacto Ambiental ya estaba otorgada, algo que de ser cierto, constituiría la nulidad de la misma ya que la legislación dispone que no se puede emitir una Declaración de Impacto Ambiental antes de la Audiencia Pública”, además destacó que “faltó información esencial para revestir de legitimidad la Audiencia, ya que se convocó sin que fueran hechos públicos los expedientes”.
Iud hace hincapié en que sus defendidos “no se oponen de forma total al proyecto, no son fundamentalistas ambientales, pero sí quieren que no avasallen sus derechos ni cambien su forma de vida”. Al mismo tiempo, agregó que “los vecinos propusieron a Punta Ancla como lugar alternativo, en la parte externa de la ría, pero se opusieron porque detrás de este proyecto hay un gigantesco negocio que es transformar a Cerri en un parque industrial”.
La idea es que junto al puerto regasificador también desembarquen otras grandes industrias, entre las que ya están confirmadas una gran central de generación eléctrica y una procesadora de granos para exportación que se construirá sobre “tierras ganadas al mar”. Así lo hizo saber el diario local defensor de la dictadura militar La Nueva Provincia, una de las espadas mediáticas que más defiende el emprendimiento, en su edición del 13 de noviembre pasado. Allí dejaba claro que “ya existen dos ofertas concretas para desarrollar otros grandes emprendimientos”. La primera, AES Corporation, una de las más grandes compañías energéticas del mundo y, la segunda, la cerealera Noble Argentina “en inmediaciones de la futura regasificadora, sobre tierras ganadas al mar”, según cuenta el propio matutino.
En la misma línea que los empresarios, el intendente Cristian Breitenstein, quien se encuentra de licencia por haber asumido el Ministerio de la Producción bonaerense, afirmó que “es un proyecto que va a llevar progreso con sustentabilidad”, y agregó que “los que están en contra son sectores minoritarios que se oponen por si acaso. Hay que comenzar a construir una sociedad del sí se puede y no del no se puede. Los tiempos del progreso están caminando, no tenemos que impedirlos.”
Pero no todos piensan lo mismo. Los especialistas en conservación y medio ambiente están preocupados por las consecuencias del dragado, es decir, la excavación submarina que levantará los sedimentos del fondo para crear dos islas artificiales removiendo unos 15 millones de barro y tosca. Y la planta regasificadora también encierra un peligro latente: el buque metanero que transportará 138 mil toneladas de gas licuado tiene una potencia explosiva que equivale a 58 bombas como la arrojada en Hiroshima, según la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente de General Cerri. El científico e investigador de la UNLP Pablo Petracci lo dice de forma aun más gráfica: “La proximidad de los buques metaneros a la localidad de Cerri es otro riesgo ya que han sido diseñados para ultramar y no para estar cerca de poblaciones. Si eso explota, en un radio de ocho kilómetros no queda nada” (ver recuadro).
Por eso los vecinos de Cerri están alarmados y movilizados. El jueves 2 de febrero lograron reunir cerca de 2000 personas en el centro de Bahía Blanca y denunciaron que “se pretende disfrazar de progreso a un proyecto para el cual la biodiversidad no es más que una ofrenda a sacrificar en el altar de la ganancia empresaria”.
Una de las ONG que se hizo presente fue la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente de General Cerri (AVDA) cuyo titular, Raúl Martín, en diálogo con Tiempo Argentino, señaló que “se volcarán más de 10 millones de metros cúbicos de sedimento contaminado con desechos cloacales e hidrocarburos cancerígenos que acabarán con humedales indispensables para la supervivencia de especies protegidas por convenios internacionales, leyes nacionales y ordenanzas municipales.”
El proyecto, que en su totalidad requiere una inversión aproximada de 400 millones de dólares, pretende inyectar gas a la red doméstica e industrial a través de dos gigantescos barcos, el metanero y el regasificador. La operación consiste en “pasar” el líquido del barco metanero al que tiene a bordo el equipamiento para la regasificación, el cual quedará estacionado en forma permanente en el muelle. El liquido “GNL” pasa del barco que lo trajo –metanero– al barco regasificador, allí es “calentado” en un proceso muy cuidado, y, ya convertido en gas, desde ese barco, es inyectado al gasoducto. El zoólogo e investigador de la Universidad de La Plata, Pablo Petra-cci, denunció a este diario que “los sedimentos equivalen a 1800 edificios de 12 pisos, de material duro y se van a tirar sobre los humedales, cangrejales, marismas, para construir dos islas donde se está planificando la ubicación de la planta regasificadora y el polo industrial. Se perdería todo el valor ecosistémico y de protección de la costa. Es un cambio muy peligroso, priorizan el negocio inmobiliario por la salud de las personas.”
Con este diagnóstico también coincidió David Iud, ingeniero químico y abogado de AVDA, una ONG que ya juntó 14 mil firmas y, en diciembre del año pasado, presentó un recurso de amparo ante el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) para que se suspenda la Declaración de Impacto Ambiental en curso y se revoque la que el mismo organismo había concedido al Consorcio del Puerto de Bahía Blanca en el año 2009 para dragar el acceso a Puerto Galván.
Según Iud, la OPDS violó la ley al no realizar ni audiencia pública ni estudio de impacto ambiental. Lo mismo sucedió el año pasado, sólo que ahora la audiencia pública se realizó pero plagada de irregularidades. Fue el 6 de noviembre de 2011 cuando 15 vecinos la impugnaron por considerarla ilegal. Lo menos grave fue que en dos semanas los vecinos tuvieron que leer 1500 páginas del informe presentado por la empresa. Lo más grave lo expresó Iud en diálogo con Tiempo: “Se convocó en forma confusa ya que la municipalidad decía que la declaración de Impacto Ambiental ya estaba otorgada, algo que de ser cierto, constituiría la nulidad de la misma ya que la legislación dispone que no se puede emitir una Declaración de Impacto Ambiental antes de la Audiencia Pública”, además destacó que “faltó información esencial para revestir de legitimidad la Audiencia, ya que se convocó sin que fueran hechos públicos los expedientes”.
Iud hace hincapié en que sus defendidos “no se oponen de forma total al proyecto, no son fundamentalistas ambientales, pero sí quieren que no avasallen sus derechos ni cambien su forma de vida”. Al mismo tiempo, agregó que “los vecinos propusieron a Punta Ancla como lugar alternativo, en la parte externa de la ría, pero se opusieron porque detrás de este proyecto hay un gigantesco negocio que es transformar a Cerri en un parque industrial”.
La idea es que junto al puerto regasificador también desembarquen otras grandes industrias, entre las que ya están confirmadas una gran central de generación eléctrica y una procesadora de granos para exportación que se construirá sobre “tierras ganadas al mar”. Así lo hizo saber el diario local defensor de la dictadura militar La Nueva Provincia, una de las espadas mediáticas que más defiende el emprendimiento, en su edición del 13 de noviembre pasado. Allí dejaba claro que “ya existen dos ofertas concretas para desarrollar otros grandes emprendimientos”. La primera, AES Corporation, una de las más grandes compañías energéticas del mundo y, la segunda, la cerealera Noble Argentina “en inmediaciones de la futura regasificadora, sobre tierras ganadas al mar”, según cuenta el propio matutino.
En la misma línea que los empresarios, el intendente Cristian Breitenstein, quien se encuentra de licencia por haber asumido el Ministerio de la Producción bonaerense, afirmó que “es un proyecto que va a llevar progreso con sustentabilidad”, y agregó que “los que están en contra son sectores minoritarios que se oponen por si acaso. Hay que comenzar a construir una sociedad del sí se puede y no del no se puede. Los tiempos del progreso están caminando, no tenemos que impedirlos.”
Pero no todos piensan lo mismo. Los especialistas en conservación y medio ambiente están preocupados por las consecuencias del dragado, es decir, la excavación submarina que levantará los sedimentos del fondo para crear dos islas artificiales removiendo unos 15 millones de barro y tosca. Y la planta regasificadora también encierra un peligro latente: el buque metanero que transportará 138 mil toneladas de gas licuado tiene una potencia explosiva que equivale a 58 bombas como la arrojada en Hiroshima, según la Asociación Vecinal en Defensa del Ambiente de General Cerri. El científico e investigador de la UNLP Pablo Petracci lo dice de forma aun más gráfica: “La proximidad de los buques metaneros a la localidad de Cerri es otro riesgo ya que han sido diseñados para ultramar y no para estar cerca de poblaciones. Si eso explota, en un radio de ocho kilómetros no queda nada” (ver recuadro).
Pero el rechazo más tajante no proviene sólo de vecinos desesperados por defender el medio ambiente sino que la comunidad científica y académica también le dio la espalda al proyecto y apoyó con fundamentos técnicos el reclamo de la ciudadanía. Esto sucedió el 28 de octubre pasado cuando una comisión de especialistas conformada por once científicos de la Universidad del Sur, que luego recibió la adhesión de la UTN y el CONICET, concluyó que “el sitio propuesto para la ampliación del sector portuario, sumado a la extensión del dragado requerida para dicho emplazamiento, resulta absolutamente inapropiado y completamente desaconsejable desde el punto de vista ambiental”. Además, recomendaron “fuertemente revisar la decisión, evitando su localización en el área interna del estuario que constituye, sin dudas, una pieza fundamental para el desarrollo de la región. Como otros ecosistemas de humedal, se trata de un área de altísima productividad y de particular concentración de diversidad biológica.”
Los pescadores artesanales piensan lo mismo. Pablo Bustos, el titular de la organización que los nuclea, aseguró que “van a destruir una zona de pesca, dicen que es para crear progreso, pero si esto no lo frenamos, van a seguir dragando y contaminando la ría y nos vamos a quedar sin trabajo.” Los habitantes de Cerri junto a las organizaciones sociales y la comunidad científica local saben que hay un espejo en el que no se quieren mirar. No quieren que les pase lo mismo que a Ingeniero White, un pueblo vecino que hasta hace unos años vivía de la pesca artesanal. Hoy, ya transformado en un enorme polo petroquímico, sufre la contaminación, la rajadura de las casas y el aumento exponencial de los casos de cáncer.
Ellos no quieren repetir la historia.
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