El proyecto condensa las iniciativas presentadas sobre el mismo asunto por los diputados Gerardo Milman (GEN) y Juan Carlos Vega (CC), con firma favorable hace unos días por la comisión de Acción Social y Salud, que tenía la competencia principal en el tratamiento.
La iniciativa tiene como objetivo regular el ejercicio de los derechos de la persona durante el proceso de su muerte y los deberes del personal sanitario, así como las garantías que las instituciones de salud estarán obligadas a proporcionar con respecto a ese proceso.
El régimen propuesto establece que la persona que se encuentre en el proceso de muerte, agonía o terminal tiene derecho a rechazar la intervención que propongan los profesionales sanitarios, siempre que esté fundado en un proceso de información suficiente.
En este contexto, el paciente podrá rechazar tratamientos mecánicos o farmacológicos de prolongación de vida, de lo que deberá dejar constancia por escrito firmado con testigo o, si no pudiere firmar, lo deberá hacer una persona debidamente autorizada.
Cuando se trató en la comisión de Acción Social y Salud el proyecto, Vega indicó que el propósito de la propuesta era "evitar el encarnizamiento terapéutico y la industria de la muerte".
El diputado advirtió que "la eficacia de la norma va a depender de que no se deje una puerta abierta para la judicialización de la decisión del paciente", si bien se aclaró luego que eso no implica que se deniegue el principio constitucional de acceso a la justicia.
"El juez no tiene por qué intervenir cuando se cumplen los requisitos de la ley", agregó, y sostuvo que en el proyecto debe estar prevista "la hipótesis del suicidio asistido", que no es eutanasia, para los casos prescriptos en la ley.
Milman, a su vez, en esa oportunidad defendió "la autonomía de la voluntad del paciente" sobre su vida y "el consentimiento informado" que requiere la decisión que tome.
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