Está en Ingeniero White y es uno de los más grandes del
país. Pese a que estos centros contaminantes deberían estar alejados de las
zonas urbanas, está emplazado en una localidad de 12 mil habitantes, y a
escasos kilómetros de Bahía. Para contrarrestar el alto impacto, las empresas
pagan una tasa ambiental que se estima irrisoria
El Polo Petroquímico de Bahía Blanca -uno de los más grandes
del país- está ubicado en la localidad portuaria de Ingeniero White, que tiene
una población de 12 mil habitantes, y está a escasos 10 Km del centro urbano
bahiense. Una distancia demasiado corta tomando en cuenta que esos complejos
con alta peligrosidad ambiental deberían situarse como mínimo a 100 kilómetros
de las zonas urbanas.
Está compuesto por tres tipos de industrias: la petrolera,
la petroquímica, y la química. Las firmas más importantes que lo integran son
PPB Polisur, propiedad de Dow Chemical Company, que produce etileno y
polietileno; Compañía Mega -una sociedad anónima cuyos accionistas son YPF SA,
Petrobras y Dow Argentina- que también genera etileno, materia prima de
polietilenos y PVC y Solvay Indupa, que produce PVC.
Estas empresas, que aportan a la economía bahiense unos $
125 millones anuales, y que generan ganancias anuales de 2.200 millones de pesos,
les cobran al conjunto de la sociedad altos costos. Es que los $ 5 millones de
pesos que pagan en concepto de tasa ambiental, no pueden equilibrar ni saldar
los daños que causan diariamente y son irreparables en el medio ambiente, según
diversos especialistas consultados por Desafío.
Primero, las consecuencias se percibieron en el aire. Bahía
Blanca fue escenario de escapes de sustancias tóxicas que solo por cuestiones
de azar no acabaron en catástrofes. Y hace poco se sumó la consecuencia
marítima: debido a la gran cantidad de afluentes que las empresas arrojan a la
ría, los pescadores están viendo amenazada la actividad que desarrollaron
durante años y que históricamente definió a Ingeniero White. Este año, los
análisis realizados por los laboratorios más prestigiosos confirmaron que la
poca fauna marina que sobrevive en la ría tiene altísimos niveles de sustancias
químicas.
Lo llamativo es que el OPDS (Organismo Provincial para el
Desarrollo Sustentable) asegura que la contaminación es mínima y que la pesca
se puede seguir desarrollando. Además de ese organismo de control provincial,
existen otros municipales que frecuentemente se enfrentan con los intereses
provinciales. Y mientras ello ocurre, los bahienses aprendieron a convivir con
dos realidades: la oficial, para la cual no hay peligros en la salud de los
habitantes, ni en el ambiente, y la otra. Esa que, lamentablemente, padecen a
diario.
Los daños ambientales
Numerosas denuncias de asociaciones ambientalistas se vienen
registrando desde hace décadas. Tienen argumentos: los estudios que confirman
los altos niveles de contaminación abundan, y se suman a las ingratas
experiencias que ya vivió la comunidad de Bahía Blanca y con cuyo peligro se
está habituando a convivir.
Pese a que desde 1995, las industrias del Polo Petroquímico
trabajan con el programa de seguridad y emergencias Apell, los procedimientos
de ese sistema no pudieron evitar hechos que aún guarda la memoria colectiva.
El más grave ocurrió el 20 de agosto de 2000. Se trató de un
escape de cloro en la Planta Solvay Indupa por un período de 25 minutos y con
ello, la formación de una inmensa nube de cloro, a la que afortunadamente el
viento llevó en dirección al mar. Si el azar hacía que ese día el viento sople
en otra dirección, como lo hace habitualmente, Bahía Blanca todavía estaría
padeciendo las consecuencias de la catástrofe que podría haber generado. Fue la
suerte la que hizo que no haya que evacuar a la población, aunque no pudo
evitar que se registren personas afectadas. Hasta las máximas autoridades de la
empresa reconocieron que la nube tuvo características tóxicas y altamente
peligrosas.
Ese hecho marcó un punto de inflexión en la conciencia
ambiental de la sociedad. Y fue el puntapié que motivó la conformación de
varias asociaciones ecologistas y la creación de organismos de control y hasta
de una ley que “regule” la contaminación.
Pero eso no es todo. Cuando la gente todavía no alcanzaba a
salir de su asombro, y a tan solo 8 días de ese accidente, se produjo un escape
de amoníaco en la empresa Profertil.
Las consecuencias otra vez las pagó la gente. Hubo decenas
de hospitalizados por la inhalación de la sustancia. La secretaría de Política
Ambiental de la Provincia clausuró la empresa por unos días, y cuando la volvió
a abrir, el accidente se reiteró. Y otra vez, hubo personas internadas.
Esos escapes de sustancias fueron los más graves, pero según
la organización ambientalista 20 de Agosto -cuyo nombre se lo debe al escape de
cloro-, solo en los siguientes cinco años se produjeron otros 30 incidentes de conocimiento
público, aunque con consecuencias menos graves. Y si bien la cifra mermó,
siguen ocurriendo en la actualidad.
A la contaminación del aire, se le suma la del agua. Ya en
1999, un informe de Greenpeace denunció la presencia de desechos industriales
en la ría. Allí encontraron una concentración de mercurio 300 veces superior a
lo permitido por las normas vigentes, y detectaron la presencia de plomo,
clorobencenos, hidrocarburos aromáticos y cadmio. Pero las consecuencias de
arrojar esos desechos recién se empezaron a percibir este año cuando los
pescadores no encontraron más riqueza ictícola en la ría debido al alto grado
de contaminación.
Lo llamativo es que no solo se tuvieron que enfrentar con
esa cruda realidad, la de la pérdida de una fuente de trabajo que alimentó a
varias generaciones de cada familia, sino también con la burocracia oficial que
se empeñaba en negarla.
Para fundamentar la falta de peces en la contaminación, la
Cámara de Pescadores Artesanales de Ingeniero White realizó este año un
análisis del agua con el laboratorio Fares Taie Institutos, con sede en Mar del
Plata. Esos estudios confirmaron la presencia de metales pesados, con niveles
de plomo que superan entre 30 y 40 veces los que fija la ley 24.051, y entre 70
y 100 lo que toleran los parámetros internacionales. Pero, esos estudios no
fueron reconocidos por la OPDS.
Ese organismo efectuó los mismos análisis, pero en esas
muestran aseguran que no encontraron indicios de contaminación. Eso bastó para
que José Molina, responsable del OPDS, desestimara las reiteradas denuncias de
los pescadores y para que la Gobernación de la provincia de Buenos Aires
levantara la veda de pesca.
Pese a que para los organismos provinciales no hay problemas
en la ría bahiense, los pescadores hoy vuelven cada día con los barcos vacíos,
sin lograr capturas que les permitan cubrir los costos. Y si lo hacen, tienen
que lidiar con su propia conciencia por saber a ciencia cierta que esa fauna
está contaminada.
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