La decisión del BCRA se adoptó porque la entidad norteamericana no efectivizó el pago a los bonistas
reestructurados, informó el jefe de Gabinete.En tanto, se espera que mañana comience el tratamiento en plenario de comisiones del proyecto de ley de pago soberano, que tiene como puntos principales la reapertura del canje y el cambio de sede para cancelar los vencimientos de deuda.
Según informó hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, la medida fue dispuesta a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA.
"Se ha revocado la representación del BONY en la Argentina", anunció esta mañana Capitanich en su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno.
Asimismo, el funcionario nacional destacó las demandas “por incumplimiento” contra el BONY iniciadas por el financista húngaro-estadounidense George Soros y el titular del fondo de cobertura Hayman Capital, Kyle Bass, a quienes la entidad neoyorquina les retuvo 226 millones de euros, correspondientes al último vencimiento de intereses de los títulos.
El dinero está bloqueado por una orden del juez estadounidense Thomas Griesa, en favor del reclamo de los fondos buitre en el litigio contra la Argentina.
Mediante la resolución 437 fechada ayer, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA revocó la autorización conferida a Mariel Verónica García Sturzenegger y María de la Cruz Solares "para actuar en el país en nombre y representación de The Bank of New York Mellon, de Nueva York, Estados Unidos de América, como representantes titular y suplente, respectivamente".
La medida lleva las firmas del superintendente Cosme Juan Carlos Belmonte y del presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega.
Según la resolución, el BONY “no registró operaciones activas, ni existen operaciones activas vigentes desde el período que finalizó en diciembre de 2012", y la entidad "es la única que no cuenta con financiamiento a residentes del país desde enero de 2013 hasta la fecha".
La medida destaca además que “no se encontraría cumplimentado” el "objetivo operacional" que los representantes de entidades financieras del exterior tienen en la Argentina, de gestionar "garantías o financiaciones a favor de residentes del país", lo cual es "el aspecto más relevante de la actividad permitida" a dichos representantes.
Para el BCRA, "queda en evidencia que se han producido cambios sustanciales” en las condiciones básicas tomadas en cuenta al momento de autorizar a las representantes Solares y García Sturzenegger.
Esa situación, señaló el Banco Central, se encuadra en las disposiciones que ameritan la revocación de las respectivas autorizaciones.
En tanto, mañana comenzará a ser tratado en plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores del Senado el proyecto de Ley de Pago Soberano impulsado por el gobierno nacional, en el salón Azul, con la exposición del ministro de Economía, Axel Kicillof; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
El oficialismo confía en emitir dictamen al proyecto ese mismo día, de manera de poder tratar en el recinto la iniciativa en la sesión del 3 de septiembre.
El proyecto, anunciado el martes pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, contempla la creación de instrumentos legales para el pago de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos, y la reapertura del canje de deuda para que puedan ingresar los holdouts que mantienen títulos en default en su poder.
El Gobierno confía en que los tenedores de deuda reestructurada optarán de manera voluntaria por fijar un nuevo lugar de pago que les permita cobrar sus tenencias.
El proyecto no contempla el cambio de jurisdicción bajo el cual se emitieron los títulos, y autoriza al Ministerio de Economía "a adoptar las medidas necesarias" para remover al Bank of New York Mellon como agente fiduciario y a designar, en su reemplazo, a Nación Fideicomisos S.A.; sin perjuicio del derecho que asiste a los tenedores de designar a un nuevo agente fiduciario que garantice el canal de cobro de los servicios correspondientes a los títulos reestructurados.
La propuesta contempla la creación de instrumentos legales para el cobro de los servicios de la totalidad de los tenedores de bonos y de aquellos que no ingresaron a los canjes implementados en 2005 y 2010.
Además declara de interés público la reestructuración de la deuda externa argentina concretada en esos años, ante el próximo vencimiento por 200 millones de dólares que la Argentina debe hacer frente el 30 de septiembre a los bonistas.
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