Los fiscales que intervienen en la causa "Operativo Independencia" aseguran que la ex presidenta María Estela Martínez de Perón "tuvo complicidad por omisión" y por eso la consideran "responsable de todo lo ocurrido entre febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976" en la provincia de Tucumán.
Pablo Camuña y Patricio Rovira recurrieron ante la Cámara de Casación Penal la resolución de la Cámara Federal que convalidó la negativa a llamar a declaración indagatoria a la ex presidenta de la Nación, acusada de crímenes de lesa humanidad en el marco del "Operativo Independencia".
En la causa, que tiene 16 procesados, se investigan los delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas.
Los hechos fueron perpetrados durante la ejecución del denominado "Operativo Independencia", una experiencia localizada en Tucumán del terrorismo de Estado previa al golpe cívico militar de 1976.
En el recurso, los fiscales señalaron ante el máximo tribunal penal que la decisión de los camaristas tucumanos de confirmar la negativa al llamado indagatoria "veda toda posibilidad de continuar con la investigación sobre la ex mandataria, porque representa un sobreseimiento de hecho".
"Estamos pidiendo que la causa se inicie, no pedimos todavía penas ni condenas", le explicó Camuñas a Télam y sostuvo que "es necesario que esta persona sea traída a prestar declaración obligatoria y que la cusa se inicie".
"Evitar el inicio del juicio en un momento tan incipiente de la investigación puede generar una situación de impunidad", sostuvo el fiscal.
Según Camuña, Martínez "tuvo una complicidad por omisión ya que no hizo aquello a lo que estaba obligada y eso provocó que pudiera concretarse este plan criminal ocurrido en Tucumán".
"Nosotros no decimos que es la principal responsable pero con su falta de control, con la omisión de los deberes que ella tenía como comandante en jefe civil de las Fuerzas Armadas en ese momento facilitó la generación de delitos de lesa humanidad que se cometieron en la provincia", agregó.
Camuña recordó que pidieron que Martínez sea citada para la primera causa realizada en 2005 con casos aislados, pero resaltó que desde ese momento se logró "un agrupamiento inédito y en este momento el caso `Operativo Independencia` tiene un grupo de 270 víctimas por hechos cometidos antes del 24 de marzo de 1976".
"El tiempo en este tipo de causas es fundamental porque puede generar una situación de impunidad ya que los imputados son en general personas mayores de 60 años, como es el en el caso de Martínez, que tiene 83 años y por eso requerimos una respuesta judicial en el menor tiempo posible", indicó Camuña.
Tanto el juez federal de instrucción, Daniel Bejas, como la Cámara Federal coincidieron en el criterio de que los militares no habían contado con la "aquiescencia" -una condición para evaluar la responsabilidad- del gobierno de Martínez y que el Operativo Independencia fue una fase del plan de las Fuerzas Armadas para derrocar a la jefa de Estado.
"De haber existido tal situación no hubiera sido necesaria la toma de poder a través del golpe militar del 24 de marzo de 1976, ello sin perjuicio de adhesiones y colaboraciones de algunos sectores de la sociedad civil y política, que compartían los intereses y objetivos que signaban el accionar militar", indicó Bejas.
En igual sentido se pronunciaron los camaristas Marina Cossio, Graciela Fernández Vecino y Ernesto Clemente Wayar para negar el llamado a indagatoria.
El juez de instrucción y el tribunal de alzada además cuestionaron a la Fiscalía por no haber imputado, con el mismo criterio, a otros funcionarios de gobierno.
Camuña y Rovira replicaron en el recurso de casación que "la firma del decreto presidencial N° 261/75 resulta crucial para el desarrollo del plan militar".
Aquél decreto es el conocido históricamente como el del "aniquilamiento" por contener esa expresión en la orden a las FF.AA. para avanzar en aspectos de seguridad interna y comenzar con el operativo.
Los fiscales también recurrieron las faltas de mérito decretadas respecto del policía de la Brigada de Investigaciones de Tucumán, Roberto Manuel Monteros, y de los tenientes del Ejército Julio César Sarmiento y Fernando Luis Labayru.
Camuña y Rovira analizaron la prueba que presentó la Fiscalía durante la instrucción y señalaron que la falta de mérito para los tres, convalidada por la Cámara Federal, "hace insostenible la continuación de las actuaciones y paraliza el ejercicio de la acción penal".
Los militares y policías imputados por delitos de asociación ilícita, violaciones de domicilio, privaciones ilegales de libertad con apremios ilegales, vejaciones y torturas agravadas, violaciones, abusos sexuales y homicidios calificados en perjuicio de 270 víctimas durante el denominado "Operativo Independencia" son: Carlos César Idelfonso Delia Larocca, Mario Benjamín Menéndez, Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz y Ernesto Nicolás Chavéz.
La nómina se completa con Jorge Gerónimo Capitán, Alfredo Alberto Svendsen, Ricardo Oscar Sanchez, Ramón Cesar Jodar, Miguel Angel Moreno, José Luis del Valle Figueroa, Pedro Roberto Rojas, Pedro Adolfo López, Enrique José del Pino y Nestor Rubén Castelli.
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