Fuerte reclamo de cooperativas contra el paquete impositivo

La federación del sector rechaza que se aplique Ingresos Brutos a algunas de sus actividades y plantea que recurrirá a la Corte

La decisión del gobierno bonaerense de gravar con el Impuesto a los Ingresos Brutos las operaciones de ventas minoristas que realicen las cooperativas de consumo con sus asociados, disparó fuertes críticas de esas entidades que calificaron la medida de "inconstitucional" y adelantaron que recurrirán a la Suprema Corte en busca de frenar esa imposición.

El nuevo gravamen está incluido en el paquete impositivo que el gobierno de Daniel Scioli envió a la Legislatura y que incluye, entre otros, aumentos en el Inmobiliario Rural y una carga impositiva adicional para la TV por cable y la telefonía celular.
Las cooperativas tributan Ingresos Brutos cuando concretan transacciones con consumidores no asociados pero hasta ahora no están alcanzadas por esa imposición cuando el cliente es asociado, y en consonancia, parte de la institución.
Ahora, la administración provincial busca gravar esas operaciones con un 3,5%, lo que representa un 70% del 5% que se busca imponer a la actividad comercial en general.
La medida apunta básicamente a la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, una entidad que posee numerosas bocas de expendio a través de supermercados que se ha ido expandiendo por la zona sur de la Provincia. Pero, según afirma la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo (FACC), el proyecto que se impulsa terminará alcanzando también a transacciones que realizan cooperativas rurales abarcadas por Coninagro, entre otras.
"Esta medida del Gobernador es algo así como una puñalada por la espalda para todo el cooperativismo de la Provincia", señaló la FACC, que afirmó que la medida fue incluso cuestionada por organismos provinciales que trabajan con las cooperativas.
AFECTACION
Para los cooperativistas, el proyecto oficial "afectará gravemente la actividad de las cooperativas de consumidores y de trabajo e inclusive a las eléctricas que realizan operaciones de ventas minoristas".
Además de FACC, según se informó, también se pronunciaron en contra del proyecto la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (Fedecoba).
Rubén Masón, presidente de la FACC, le dijo a este diario que "detrás de esta medida hay un trabajo de pinzas en el que tiene mucho que ver la Federación Económica de la Provincia que nos acusa de ejercer una competencia desleal".
"La propuesta del gobernador Scioli constituye una inexplicable discriminación montada sobre la falacia de la competencia desleal que implicaría el hecho de que los consumidores hayan decidido asociarse en defensa de sus intereses económicos, actitud promovida por la misma Constitución en su artículo 38", retrucan desde las cooperativas.
En noviembre pasado, cuando el gobierno de Scioli envió a la Legislatura el proyecto de Ley Impositiva, pretendió avanzar en el mismo sentido, pero la propuesta fue dejada sin efecto a instancias de los legisladores.
Para Masón, gravar con Ingresos Brutos las ventas que realizan las cooperativas a sus asociados "sólo le representará a la Provincia el 2% de los 2.800 millones adicionales que pretende recaudar, lo que sería alrededor de 55 millones de pesos".
"Los propios legisladores en 2005, cuando se dejó fuera del gravamen a las operaciones entre las cooperativas y sus asociados, dispusieron que no se podía cobrar Ingresos Brutos en estos casos porque en la relación cooperativa-asociado existe en verdad un solo sujeto. De lo contrario, se caería en doble o triple imposición haciendo recaer una mayor carga tributaria en quienes necesitan de una acción conjunta para acceder a los mismos mercados a que llegan individualmente entes de mayor potencialidad económica", acotó el titular de FACC.
El dirigente cooperativista anticipó que no se quedarán de brazos cruzados. "Vamos a ir a la Suprema Corte a plantear la inconstitucionalidad". Y en ese sentido, mencionó un fallo del alto tribunal en el que se señala que "los actos que las cooperativas realizan con sus asociados poseen una naturaleza jurídica peculiar, no pueden reputarse como operaciones de mercado ni contratos de compraventa, y no son, en consecuencia, susceptibles de ser identificados con un contrato civil o comercial".
Masón concluyó: "Nos están empujando a aumentar los precios o a frenar nuestra expansión".